FGR asegura 11 establecimientos comerciales en Campeche por presunta venta de mercancía apócrifa
La FGR aseguró once establecimientos comerciales en Campeche durante un operativo contra la presunta venta de productos apócrifos. Investigan posibles violaciones a la propiedad industrial.
La Fiscalía General de la República (FGR) desplegó un operativo durante la noche del jueves 5 y la madrugada del viernes 6 de noviembre en San Francisco de Campeche, que terminó con el aseguramiento de once establecimientos comerciales. Las diligencias se realizaron mediante órdenes de cateo emitidas por un juez federal y forman parte de una investigación relacionada con la presunta distribución y comercialización de productos que podrían infringir la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El operativo comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando agentes federales ingresaron a los negocios para inspeccionar las instalaciones y localizar mercancía posiblemente vinculada con las irregularidades denunciadas.
Entre los establecimientos intervenidos se encuentran Gran China, China Shop, B.B.G., Kositerías, Maxxi Ofertas, Maxxi Moda, Mushi-Iko, Kosimayoreo, Stylo Joyas y dos sucursales de Tecnomundo. De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, las autoridades aseguraron mercancía que incluye juguetes, bolsas y relojes. En las diligencias participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, agentes del Ministerio Público de la Federación y peritos especializados, además de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. La investigación habría tenido su origen en denuncias presentadas por representantes legales de empresas que señalaron el posible uso no autorizado de marcas, diseños y distintivos comerciales.
El procedimiento tiene consecuencias directas para los comerciantes y para la actividad económica de las zonas donde se encuentran estos negocios. El aseguramiento implica que los establecimientos quedan bajo intervención de la autoridad mientras se desarrolla la investigación y se determina la situación jurídica de los productos y de las personas involucradas. Sin embargo, es necesario distinguir entre una medida judicial de aseguramiento y una resolución definitiva: hasta ahora no se ha informado de una sentencia que declare culpables a los propietarios ni se han confirmado públicamente detenciones derivadas de este operativo. Tampoco se ha precisado el valor económico de la mercancía incautada, su volumen total ni cuáles son las marcas presuntamente afectadas.
Hay, además, una diferencia importante en la información publicada: algunos reportes identifican once establecimientos, mientras que otros hablan de dieciséis. La relación detallada de once negocios coincide con los nombres difundidos por medios que reportaron las diligencias en la capital. La FGR todavía debe aclarar oficialmente el alcance total del operativo y explicar qué sucederá con los comercios y la mercancía asegurada. La pregunta es si la investigación llegará hasta los responsables de la distribución de los productos presuntamente falsificados o si se limitará a los puntos de venta. También será importante conocer qué criterios se utilizaron para identificar la mercancía y qué pruebas respaldan las denuncias.