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Coinciden ANUIES y Ejecutivo en criterios de inclusión de jóvenes a educación superior

  • Gratuidad impactaría finanzas de universidades: Valls Esponda
  • Reconoce compromiso del Presidente de la República de corregir omisión sobre autonomía de universidades e instituciones de educación superior
  • ANUIES se sumará al esfuerzo del Congreso de la Unión y Gobierno federal para transformar la educación y lograr un México en paz, justo y próspero

Palacio Legislativo (Notilegis).– Los criterios de equidad e inclusión de los jóvenes más desfavorecidos a la educación superior que impulsa el gobierno federal, coinciden con las estrategias de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), planteadas en el documento Visión y acción 2030, para ampliar la cobertura de este nivel educativo, señaló su secretario general ejecutivo, Jaime Valls Esponda.

Sin embargo, indicó que la propuesta del Ejecutivo federal sobre la gratuidad de la educación superior representaría un impacto financiero “muy alto”, de casi 13 mil millones de pesos por año, para las universidades e instituciones públicas.

Lo anterior, dijo, incidiría en disminución de prestaciones y apoyos a estudiantes. “De eliminarse las cuotas estudiantiles, sin ninguna compensación en el presupuesto de las instituciones, se verá disminuida la prestación de servicios de apoyos a los estudiantes y se agravará la problemática financiera de las universidades”.

Durante su participación en la mesa tres “Normales y Educación” de las audiencias públicas sobre la reforma educativa, Valls Esponda precisó que las universidades públicas, instituciones tecnológicas y escuelas normales cobran cuotas a los estudiantes por los servicios que imparten; el monto que reciben por este concepto puede significar el 30 por ciento de su presupuesto anual”.

“Los recursos recabados por concepto de cuotas se destinan íntegramente a los servicios educativos para los alumnos. En caso de eliminarse, éstos serían los más afectados”, así como, “la ampliación de los servicios educativos, el incremento de la planta docente, equipamiento de laboratorios y talleres, equipamiento de espacios para tutorías, enseñanza de lenguas, actividades deportivas y la difusión cultural”.

Afectaría “también el mantenimiento y modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, la renovación de acervos bibliográficos y el parque vehicular para prácticas de campo de los estudiantes, entre otros conceptos”, puntualizó.

Indicó que algunas universidades enfrentan una situación crítica derivada del déficit financiero que han acumulado durante muchos años, “y en poco tiempo enfrentarán una situación de insostenibilidad financiera”.

Señaló que al incluir la gratuidad de la educación superior en la próxima reforma educativa se debe incorporar un artículo transitorio –como se hizo en la 2012- donde se determine que a los presupuestos federales, de estados y municipios, se les aportarán los recursos necesarios para lograr este cometido.

Respecto de la obligatoriedad y universalización de la educación superior, indicó que para que la reforma constitucional alcance su concreción en todo el país, será necesario acordar una política de Estado con visión de largo plazo que la haga factible.

“Será útil, además, considerar la experiencia de reformas constitucionales previas que hicieron obligatorio el preescolar y la educación media superior, sin que hasta el momento se hayan logrado las metas planteadas en los artículos transitorios que señalaron su gradualidad”, aseveró.

Sobre la autonomía de las universidades públicas, hizo hincapié en el compromiso del Presidente de la República para “corregir la omisión de la fracción VII del artículo tercero Constitucional, que reconoce la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior que gozan de ella por ley”.

Asimismo, añadió, se propone que en la iniciativa para reformar el citado artículo, “se mencione expresamente que su ámbito de aplicación no afectará la autonomía de las universidades, las cuales se rigen por sus leyes específicas, tal y como se reconoce en la Ley General de Educación”.

“También proponemos que se señale, donde corresponda, que las universidades y las demás instituciones de educación superior públicas autónomas se regirán por sus leyes específicas”, concluyó.

Valls Esponda refrendó el compromiso de la ANUIES de sumarse al esfuerzo del Congreso de la Unión y del Gobierno federal para transformar la educación y apoyar la puesta en marcha de un conjunto de políticas públicas de nueva generación para lograr un México en paz, justo y próspero.

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