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Proponen reformas a las Constituciones Políticas federal y estatal

Durante su cuarta sesión del actual periodo de receso constitucional, la Diputación Permanente del Congreso del Estado dio lectura a dos iniciativas, promovida una por el Ejecutivo estatal, para reformar diversos numerales de la Constitución Política del Estado de Campeche, y la otra remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para reformar dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.

Luego de ser leídas el presidente de la Directiva, diputado Ramón Méndez Lanz, instruyó a los secretarios de la misma a tener pendientes ambos documentos, a fin de que la Permanente los dictamine oportunamente.

Contempla, la primera iniciativa, reformar el artículo 54, fracciones III inciso b) III bis y III ter; el artículo 54 bis párrafo segundo; el artículo 71 fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV segundo párrafo y XXXVI; el artículo 106, párrafos segundo, tercero y cuarto; el artículo 107 párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto; y el artículo 121 bis primer párrafo, de la Constitución del Estado de Campeche.

Su finalidad es adecuar el marco constitucional del Estado a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015, misma que contenía la reforma al artículo 117, fracción VIII, en relación con la contratación de financiamientos y obligaciones por parte de los Estados, Municipios y sus entes públicos, en especial en relación con la figura de las asociaciones público-privadas.

La segunda es una Minuta para reformar el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, destacando en el primer numeral que “no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia”.

Agrega que “la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La Ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

“Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento”.

Y de acuerdo al orden del día, se dio lectura a la correspondencia enviada por el Congreso del Estado de Oaxaca.

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