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En busca de penalizar el robo de motores de embarcaciones pesqueras

Integrantes de la Diputación Permanente de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, dieron este medio día segunda lectura a dos iniciativas que, de aprobarse por el pleno, permitirán combatir el robo de motores de embarcaciones pesqueras, en el primero de los casos y en el segundo, establecer el “divorcio incausado”.

Estas propuestas están contenidas en las iniciativas de reformas a diversos artículos del Código Penal y en el Código Civil, ambas del Estado de Campeche, documentos que se turnaron para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente de manera oportuna por la Diputación Permanente.

Durante la segunda lectura, en el primero de los casos su exposición de motivos indica que se pretende que quienes reciban o resguarden motores marinos “ya sea a modo de pago o para repararlos, de cualquier forma, deberán asegurarse de su legal procedencia para no incurrir en las modalidades del delito de encubrimiento por receptación”.

La iniciativa, que presentó el diputado Ambrosio López Delgado, señala también lo siguiente: “si bien estos hechos violentos perpetrados en el mar constituyen el delito de piratería y su investigación y persecución son del orden federal, desde nuestras posibilidades políticas y jurídicas no debemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que sea resuelto este fenómeno delictivo, de la forma en como hasta ahora se encuentra establecido”.

Consideró que los legisladores deben actuar en el ámbito que les corresponde “sin dejar puertas de escape a quienes coadyuvan con los piratas y con los delincuentes en general; sólo así, viéndonos inmersos en esta problemática y considerando qué podemos y qué nos corresponde, contribuir a la protección del sector pesquero investigando el paradero de esos motores que son básicamente el sustento de muchas familias”.

El segundo documento, iniciativa que presentó el diputado morenista José Luis Flores Pacheco, pretende establecer en el texto normativo “el divorcio sin expresión de causa o incausado y las condiciones necesarias para la protección del menor y la familia, “y con ello dotaremos a los jueces locales de las herramientas jurídicas necesarias para aplicar el derecho a los casos concretos que se les presenten”.

Redacción DC / Perla Ortiz

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