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Presentan análisis para sustentabilidad de inversiones

  • Academia y Gobierno trabajan en plan para el buen desarrollo de las actividades agropecuarias

Mérida, Yucatán.- Los coordinadores de las mesas de trabajo establecidas para analizar la sustentabilidad de futuras inversiones en el sector agropecuario en Yucatán dieron a conocer las conclusiones obtenidas en materia de recursos hídricos, usos de suelo y actividades económicas.

Ante el director General de Planeación y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), Rodrigo Cejudo Valencia, el coordinador de Vinculación de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Orlando Palma Marrufo, explicó que el objetivo principal fue realizar un informe técnico con lineamientos, recomendaciones y contenidos consensuados por un panel de expertos para sentar las bases de un plan de sustentabilidad.

Reunidos en la videosala del Edifico Central de la máxima casa de estudios, la responsable de la mesa uno, la investigadora titular de la Facultad de Ingeniería Química, Diana Cabañas Vargas, presentó en primera instancia los resultados sobre conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos.

En ese sentido, destacó la necesidad de realizar estudios de línea base y mantenerlos actualizados, establecer una red de monitoreo de la calidad del agua en el estado y realizar una revisión técnica de los instrumentos de política pública existentes.

Delimitar zonas de investigación para establecer criterios particulares que aseguren la protección de la calidad del recurso hídrico, promover buenas prácticas de manejo productivo y la educación ambiental, mediante un modelo para concientizar a la población sobre problemáticas ambientales a partir de la relación sociedad-naturaleza, son otros de los puntos que tocó la especialista.

“Se debe integrar el conocimiento existente y futuro para determinar el uso y manejo eficiente del recurso hídrico, del suelo y de los usos de suelo actuales en el estado para desarrollar medidas que minimicen los impactos negativos y maximicen los impactos positivos que generan los proyectos”, afirmó.

Agregó que en el proceso intervinieron investigadores independientes, de la UADY, de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), así como de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), a la par de expertos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del sector productivo, todos en respuesta a la invitación que se hizo.

“Se nos solicitó participar para generar información técnica y científica al respecto de estos temas, y qué recomendaciones hacemos para el buen desarrollo de las actividades agroindustriales y la convivencia de estas con otras como las turísticas, las comerciales, etcétera”, detalló Cabañas Vargas acompañada del empresario pecuario Hernesto Ek Estrella.

En su turno, el coordinador de la mesa dos y director General de Extensión y Vinculación de la Universidad Marista, Miguel Carbajal Rodríguez, abordó las conclusiones en materia de usos de suelo y protección de los ecosistemas.

“Me parece que es un muy buen primer paso. Se logró concentrar una gran cantidad de información cartográfica de diferentes usos de suelo, sin embargo una de las conclusiones más importantes es que hay que seguir nutriendo la información obtenida”, expuso.

Resaltó que se requiere dar continuidad en la generación de conocimiento sobre el territorio, así como definir criterios de selección de sitios de ubicación de proyectos que consideren la vulnerabilidad del agua, del suelo y los usos actuales de éste en el estado.

Además, hizo énfasis en la importancia de evaluar los impactos ambientales de la actividad para los ecosistemas afectados, principalmente sobre el suelo, y de considerar en esta evaluación la vulnerabilidad de los recursos.

Finalmente, señaló que “es necesario el desarrollo de buenas prácticas apropiadas para prevenir, mitigar y compensar correctamente los impactos y establecer mecanismos de monitoreo y vigilancia que respondan a los impactos generados por el proyecto y su dimensionalidad”.

Para finalizar, Cejudo Valencia, quien fungió como coordinador de la tercera mesa, dio a conocer las conclusiones generadas acerca del desarrollo sustentable de las actividades económicas y fomento para el bienestar de las comunidades.

En su presentación, subrayó la participación de autoridades locales y federales, de instituciones académicas, de organizaciones no gubernamentales, empresarios, productores y consultores nacionales e internacionales para la realización de dicho análisis, pues el sector agropecuario en Yucatán significó el 28.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017.

Declaró que se requiere definir criterios de selección de sitios para la ubicación de proyectos, que consideren la vulnerabilidad del recurso hídrico, del suelo y los usos de suelo actuales del estado; y desarrollar medidas para minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos, derivadas de la adecuada evaluación de impacto tanto social como ambiental.

De igual forma, apuntó la necesidad de definir la vulnerabilidad socio-ambiental de la porcicultura y el turismo de naturaleza en el estado, y la afectación social de los proyectos mediante un mapeo y análisis de los sectores que interactúan en el territorio.

Se deben generar medidas para prevenir, minimizar y mitigar los impactos de un proyecto mediante el diálogo con las comunidades, así como generar un modelo de desarrollo de las actividades agropecuarias que permita compatibilizar su bienestar, considerando sus costumbres, tradiciones, cosmovisión y la sustentabilidad, sostuvo el directivo de la Sefoe.

A manera general, concluyó que mientras se logra implementar las políticas públicas, estrategias territoriales, redes de monitoreo y demás medidas descritas en el análisis, se requiere cumplir en forma robusta el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya que por el momento, es el instrumento que determina la viabilidad ambiental de un proyecto.

“Esto no es un informe final, pero es una etapa muy importante. Nos queda continuar con el plan de acción, inclusive ya tenemos fecha para nuestra primera reunión en el mes de marzo y no vamos a parar hasta tener mejores documentos”, finalizó.

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