¿Qué consecuencias trae la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU?

  • La resolución hace que los ciudadanos israelíes que están involucrados en los asentamientos en Cisjordania sean vulnerables a demandas en tribunales de todo el mundo.
  • Los funcionarios del gobierno de Israel que deciden sobre los asentamientos y las demoliciones de inmuebles podrían ser acusados de crímenes guerra según la Convención de Ginebra.

El portal de noticias Israelí Ynet presentó un análisis de las consecuencias que trae la resolución de las Naciones Unidas contra los asentamientos y plantea que mientras que la resolución 2334 anti-asentamientos adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU no tiene ramificaciones prácticas inmediatas, podría abrir la puerta a demandas judiciales contra Israel en la Corte Penal Internacional, sanciones impuestas contra cualquier movimiento israelí visto como violatorio de la resolución y boicots a los productos hechos en asentamientos.

De los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, 14 votaron a favor de la resolución contra la construcción de asentamientos de Israel, que fue planteada por Malasia, Nueva Zelanda, Venezuela y Senegal después de que Egipto la rescindiera como resultado de la presión israelí.

Estados Unidos optó por abstenerse de la votación, y en un movimiento inusual -el primero en la presidencia de Barack Obama- Washington no vetó una resolución contra Israel.

La aprobación de la resolución fue recibida con aplausos por los diplomáticos reunidos en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La resolución hace que los ciudadanos israelíes que están involucrados en la empresa de asentamientos en Cisjordania sean vulnerables a demandas en tribunales de todo el mundo.

Jerusalén también está preocupada de que la resolución abra la puerta a juicios contra funcionarios israelíes en la Corte Penal Internacional: los ministros del gobierno y altos oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel que toman decisiones sobre la construcción en los asentamientos, la demolición de hogares palestinos o la expropiación de tierras podrían ser acusados de crímenes guerra según la Convención de Ginebra.

La resolución también puede conducir a la creación de mecanismos para monitorear y reportar las acciones israelíes, lo que podría conducir a sanciones impuestas contra Israel.

El texto de la resolución también puede ser visto como una victoria del Movimiento BDS, ya que abre la puerta al boicot de los bienes producidos en los asentamientos judíos en Cisjordania.

La resolución incluye un artículo en el que se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que informe cada tres meses al Consejo de Seguridad sobre su aplicación. Esto llevará a una presión continua sobre Israel, poniéndola en una posición defensiva constante, similar a Sudáfrica durante el régimen del apartheid.

El artículo 5 de la resolución pide que se establezca una distinción entre el Estado de Israel y los asentamientos construidos sobre tierras capturadas en Cisjordania y Jerusalén oriental durante la Guerra de los Seis Días de 1967.

Este artículo hace un llamamiento a la comunidad internacional para que no ayude a esos asentamientos y permita que países y organizaciones boicoteen la empresa de asentamientos, ya sea directa o indirectamente.
Los funcionarios de Jerusalén están preocupados de que esa convocatoria aliente a la Unión Europea a hacer de su política de etiquetado de los productos de asentamientos una ley y pedir un boicot a estos productos.

Tal medida llevaría a los bancos, gasolineras, centros de salud, minoristas, empresas de alta tecnología y otros a cerrar sus sucursales más allá de la Línea Verde para evitar ser incluidos en la “lista negra” de empresas que operan en los asentamientos y consecuentemente ser boicoteados como resultado .

Los funcionarios de Jerusalén también temen que otras naciones del mundo sigan las huellas de la Unión Europea -incluso si no boicotearán los asentamientos, al menos etiquetarán los productos de los asentamientos.

No obstante, la resolución no puede aplicarse retroactivamente y no tiene consecuencias prácticas inmediatas. Desde que fue adoptada bajo el Capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, no puede forzar medidas concretas contra Israel. Sólo se pueden imponer resoluciones aprobadas bajo el Capítulo 7.

Teóricamente, esto permitirá a Israel mitigar los daños causados por la resolución, sobre todo con la ayuda del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, quien también podrá vetar resoluciones futuras.

La oficina del primer ministro Biniamín Netanyahu ya ha anunciado que trabajará en cooperación con Trump en el asunto, mientras que Trump mismo twitteó: “En cuanto a la ONU, las cosas serán diferentes después del 20 de enero”.

Una de las posibilidades existentes es que Trump amenace con recortar los fondos de la ONU si trata de imponer sanciones a Israel.

Pero si bien el daño de la resolución podría ser mitigado, todavía limita al gobierno israelí de varias maneras.

Si, por ejemplo, el gobierno israelí aprueba la construcción en los asentamientos y en Jerusalén oriental, corre el riesgo de ser acusado de violar la resolución, que se basa en el Cuarto Convenio de Ginebra que prohíbe a un ocupante transferir partes de su propia población civil a un territorio ocupado y considera tal acto como un crimen de guerra. Además, si el gobierno israelí decide anexar la Cisjordania o sólo la Zona C, tal medida puede inducir a algunos en la comunidad internacional a exigir que se apruebe una nueva resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU -esta vez bajo el Capítulo 7. Este faculta a la ONU para imponer una resolución. Aun así, es probable que Trump vete a tal intento. Los palestinos, por su parte, ahora pueden optar por solicitar membresía en el Consejo de Seguridad de la ONU. El año pasado, los palestinos levantaron su bandera en la ONU, pero fracasaron cuando intentaron unirse al organismo formalmente.

 

 

– Con información de Ynet, AP, Aurora Digital, EFE

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